Culturas Comunes

Participemos de la vida. Actuemos. No echemos balones fuera. Colaboremos. Aceptemos el reto. Compartamos la responsabilidad. El mundo, el mundo es nuestro, si nosotros queremos. Deberíamos querer. No es un tópico. La unión hace la fuerza. Y también activa nuevas ideas. Y además nos convierte en seres independientes para ejecutarlas. Estos argumentos tendrían que ser más que suficientes para que, justo ahora, en este instante, nos revolvamos en nuestro asiento y pensemos qué no estamos haciendo. O que sí. Pero sobre todo, qué más podemos hacer. Con quién. Cómo. Cuándo.

Seamos un movimiento. Porque movimiento genera movimiento. El movimiento conduce al cambio. Y cambio es lo que necesitamos. Para crear una red más fuerte sobre la que sostenernos, sobre la que caer, sobre la que crecer. Hablemos, diverjamos, discutamos y lleguemos a acuerdos, consensuemos nuevas propuestas. Avancemos, rompamos ya los techos invisibles de cristal, quebremos la verticalidad del poder establecido y sentémoslo a nuestro lado, como un igual. Tratémoslo de tú mirándolo fijamente a los ojos. Digámosle: Ha llegado la hora de trabajar juntos. Comprendan nuestra autonomía, respeten nuestras ideas, apóyenlas, sean soporte de nuestras decisiones. Pero no se las apropien. Cuídenlas si decidimos compartirlas. Respeten la creatividad, el esfuerzo, las ganas, el conocimiento, la experiencia.

Caminemos juntos. Atemos lazos, busquemos puntos de unión, diseñemos culturas comunes. Lo podemos conseguir. Hemos empezado ya a recorrer un sendero complejo que se alimenta de la sensación de que entre todos es posible. Hacer cultura es hacer sociedad y hacer sociedad es hacer política. Y debe ser una cultura, una sociedad y una política que genere menos consumo, que incremente las cotas de participación, que trabaje el medio y el largo plazo, que cultive los pequeños equipamientos, que active la creación de redes y nuevos espacios virtuales, que incluya todo el espectro de la sociedad civil, que esté más descentralizada y más localizada. Que dialogue. Que dialogue mucho y siempre.

Ése es el futuro. Es el presente.

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Hope

Una persona sin techo y probablemente bajo los efectos de la droga yace medio inconsciente en el suelo cerca de mi casa. A su lado, un chico joven, tatuado y con varios piercings saca de una bolsa dos bocadillos, dos donuts, una fanta de dos litros y varios yogures. Le pide que coma y le ayuda a incorporarse. Me mira y me dice: “Es que pasé por aquí, subí a casa y no podia quitármelo de la cabeza. Fui a la cocina y cogí lo que pensé que le vendría mejor”. Después de meter toda la comida en su mochila, lo levanta, le ayuda a caminar hasta un lugar protegido y le abre el saco. “¿Seguro que no quieres que te acompañe a algún sitio para dormir?” Pero el hombre insiste en quedarse en la calle, donde está. Al despedirse, el joven le da las buenas noches con cierto aire de ternura.

Mañana esto no saldrá en las noticias. Y yo, no voy a entrar en valoraciones. Solo diré que en este mundo de mierda, sigue habiendo gente con corazón en cualquier esquina.

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Cynisme

Pues no, no sé francés la verdad. No más allá de términos socialmente inculcados: Baguette, croissant, Zidane, Gerard Depardieu… Y ahora cynisme. Aunque lo confieso, éste lo he tenido que buscar en el diccionario. Al hilo de los trágicos asesinatos en la revista Charlie Hebdo en París, he creído oportuno titular el artículo en ese idioma. Considérenlo un pequeño reclamo a su atención. Permítanme esa licencia.

A lo que iba, a lo que voy. Tras varios días siguiendo la información y opinión de este condenable suceso en los diferentes medios de comunicación (incluyan aquí las redes sociales si quieren o ubíquenlas en un apartado diferente) esta palabra, en su traducción al castellano, ha acudido en varias ocasiones a mi cabeza como un rótulo luminoso. Más de las que quisiera, por desgracia. He intentado espantarla de mis pensamientos como si de una mosca se tratase, a manotazos. Pero no he podido. Una intenta ante situaciones así mantener altura de miras (por decirlo de algún modo) y no juzgar las acciones y reacciones que van surgiendo de personas e instituciones públicas o privadas. La conmoción, el pavor, el miedo y la indignación tienen múltiples expresiones, me repito como un mantra.

De esta manera, cuando contemplo la portada de La Razón el día siguiente de las muertes, ilustrada con otra de la publicación francesa en la que se caricaturiza a Mahoma, trato de contener mi subconsciente. Es un acierto, un gesto valiente, enarbolar con esa firmeza la bandera de la libertad de expresión señalando precisamente aquello que ha motivado los hechos, me digo. Lo intento. De verdad que lo hago. Pero entonces se me viene a la cabeza un editorial de esta misma cabecera en el que condenan las caricaturas de El Jueves sobre sus majestades Felipe y Letizia. No sé, no quiero pensar mal. Pero esta defensa de la libertad de expresión me parece entonces un poco arbitraria. No quiero ni plantearme cuáles han sido sus motivaciones entonces. Mejor no hacerlo.

Seguimos. Ahora el telediario. Representantes del Gobierno español en sus más variados rangos proclamando también una defensa de la libertad de expresión como un derecho fundamental por el que se debe velar, al que hay que proteger. Llego a escuchar, casi sin quererlo, alguna declaración en la que se afirma que lo sucedido es un golpe funesto a uno de los pilares fundamentales de la democracia. Sin duda, pienso. Sin duda lo es. Qué necesario es que los poderes públicos lo proclamen, así, alto y claro, precisamente ahora.

Pero, ay, maldita mosca. ¿No son éstos los mismos que respaldan una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que limita el derecho a manifestarse, a expresarse en libertad? Imagino que algunos pensarán que no es siquiera comparable, que no es lo mismo matar para amenazar el ejercicio de un derecho que limitar ese ejercicio con una serie de normas. Y no afirmo yo que lo sea. Solo me gustaría un ejercicio de honestidad de nuestros gobernantes. Si de verdad consideran que es un derecho fundamental, ¿Por qué no se han preocupado en reformar una Ley que fuera más respetuosa en este sentido? ¿De verdad no ha sido posible? No sé, no me convencen.

Y ayer, para terminar, en primera línea de una manifestación contra el terror y en defensa de nuevo de esta libertad de expresión, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Netanyahu, cabeza visible del país en el que murieron más periodistas en 2014 y líder del gobierno que con tanto ahínco intenta (y a veces consigue) expulsar a profesionales de los medios, es ahora defensor de la libertad de expresión. Pero, lo que es casi más grave, Netanyahu, dirigente sobre el que descansa, por dar solo un dato, la responsabilidad directa de la última operación militar en Gaza con miles de muertos y millones de euros en daños, se manifiesta en contra del terror. Imposible espantar a la mosca en este caso. Entiéndanme. Es casi irresponsable hacerlo.

En fin. A ver qué ejercicio de altura de miras (o de mirar para otro lado) nos toca hacer hoy.

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Contrátenme

Contrátenme. Frío corbatas. Plancho huevos. Me estoy formando en la metamorfosis digital de las mariposas. Contrátenme. He arrojado la dignidad profesional a un cubo. No me importa el salario. No me importa hacer prácticas de cangrejo equilibrista ni ser becaria voluntaria con derecho exclusivo a hacer fotocopias. Contrátenme. Tengo una licenciatura en desesperanza y un máster en física de los elementos absurdos. Hablo chino pekinés y esperanto. He vivido en Montreal, San Petersburgo y Bollullos de la Mitación. Qué más quiere, oiga. Contrátenme. Tengo diez años de experiencia en cirugía experimental y he descubierto la sonrisa que no se apaga jamás. Contrátenme. No me acuerdo de mi derecho a ser feliz, ni el de arraigarme, ni el de tener una familia, aunque sea de dos. No, no se preocupen, que tampoco quiero tener hijos. Ni tampoco una casa, un hogar. Contrátenme. Puedo estar yendo y viniendo, durmiendo un mes en Vietnam y otro en Río de Janeiro. Paso de la estabilidad económica, paso hasta del dinero. Eso, eso es de posmodernos. Yo me alimento del aire, del trabajo gratuito, del estrés.

Contrátenme. Llámenme esclava si quiere. No valoren mis méritos. Ríanse en mi cara. No me paguen como merezco ni reconozcan mi esfuerzo. Contrátenme. Se lo prometo, no voy a reclamar ni un derecho. No voy a protestar. Pondré buena cara, es más. Trabajaré en equipo, pero seré eficiente a nivel individual. Coordinaré manadas de perros y domesticaré leones. Interpretaré los sueños con los ojos cerrados. Mediré el impacto mediático en las redes sociales del canto del grillo hawaiano. Contrátenme. Ya verán. No les defraudaré. No les llamaré abusones ni creeré que se están aprovechando de la situación. Simplemente no pensaré. O pensaré como ustedes quieran que lo haga. Anularé también ese privilegio, muy en desuso, a discrepar. Contrátenme. Y luego claro, defiendan públicamente la igualdad de género en el trabajo, comenten con sus colegas la importancia de un salario digno, hablen de derechos, de cómo los defienden, los promueven. Háganlo en sus púlpitos y atalayas, en sus foros públicos de canapés y trajes de chaqueta. Contrátenme, háganlo, que yo les escribiré el discurso.

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La hora de la mordaza

Vamos tarde. Muy tarde. Entretenidos en el circo mediático de corrupción y crisis, un proyecto de ley, el de Seguridad Ciudadana, pasará mañana el primer trámite para su aprobación definitiva como ley, probablemente en menos de un mes. Y no ha podido frenarse, quizá porque no alcanzó la primera línea del debate público y quizá también porque las acciones sociales realizadas para denunciarlo no han tenido la suficiente repercusión. Pero este artículo no entrará en analizar las causas, sino que más bien pretenderá dar algunas claves de esta nueva ley, ejercicio necesario, debido precisamente a la inminencia de su entrada en vigor.

Heredera de la denominada Ley Corcuera, esta nueva ley, conocida como Ley Mordaza, aprieta el cinturón de los derechos más básicos del ciudadano en el ejercicio de sus libertades. Explicaba el profesor de Derecho Internacional y director del Instituto Catalán de Derechos Humanos, David Bondía, en el encuentro Defender A Quien Defiende (@AquienDefiende) de juristas, periodistas y activistas el pasado fin de semana en Cádiz, que, con la entrada en vigor de esta ley, el Estado pierde el papel de garante de nuestros derechos para incrementar sus políticas de seguridad. Apoyado en un informe de la plataforma No Somos Delito, Bondía apuntaba que esta ley limita además el poder judicial, cuestionando el Estado de Derecho y la independencia de poderes, ya que desplaza supuestos sancionables desde el Código Penal, juzgados y condenados por este poder judicial, es decir, por los jueces, a esta ley de seguridad ciudadana, de índole administrativa. Esto quiere decir que es la propia administración la que castigará muy pronto un mayor número de supuestos en los que se convierte en juez y parte.

Intervención de David Bondía en las jornadas de Defender a Quien Defiende. Autor: APDHA.

Intervención de David Bondía en las jornadas de Defender a Quien Defiende. Autor: APDHA.

El contenido de la ley es vago e impreciso, criticaba Bondía, dejando en manos de los agentes de seguridad algunos criterios de decisión relevantes. Así por ejemplo, no se matizan los casos en los que el ciudadano, español o extranjero, debe identificarse. Solo afirma que debe hacerse “de conformidad con la ley”, una indicación que, a juicio de este jurista, resulta insuficiente y deja la puerta abierta a redadas de corte discriminatorio, por ejemplo. Basta con que los agentes de seguridad consideren que existen indicios de que se haya podido participar en cualquier infracción por un lado, y por otro, que valoren como “razonablemente necesario” el hecho de la identificación, para que ésta pueda producirse.

El régimen sancionador también sufrirá modificaciones. Se tipifican como muy graves (y la cuantía oscila entre los 30.001 y los 600.000 euros) las reuniones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas y sus inmediaciones. La responsabilidad se extiende a los organizadores o promotores en sentido amplio. Surgen varios aspectos que se pueden cuestionar en este supuesto; de un lado, se equipara en gravedad la prohibición con la no comunicación; de otro, no existe una definición pública sobre infraestructuras críticas (se considera secreto de estado) ni tampoco se aclara qué distancia suponen las inmediaciones. También se consideran como muy graves aquellas infracciones que se cometan por segunda vez, es decir, la reincidencia.

Como graves, es decir, sancionadas entre los 601 y los 30.000 euros se encuentran aquellos supuestos que, indicaba Bondía, se identifican con la mayoría de las modalidades de protesta social ocurridas en España en los últimos meses como consecuencia de la crisis. Por citar tan solo algunos, se propone sancionar las concentraciones frente al Congreso, el Senado y las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando no se comuniquen, estén o no los diputados reunidos. También la perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales o de otra índole, sin matizar en este caso que supone esa “perturbación del orden público”. Otra sanción recaerá en aquéllos que obstruyan a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales. De esta manera, tratar de parar un desahucio será una infracción grave. La negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en el proceso de identificación pasa también a ser una infracción grave, impidiendo así que pueda repetirse la campaña de DNI de la plataforma para la Desobediencia Civil.

Por otra parte, también será grave el uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización y el botellón, cuando perturbe la tranquilidad ciudadana (no seguridad) y no esté autorizado, así como la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores u otros objetos. Por último -y este supuesto se enfrenta directamente al derecho de los medios de comunicación a informar y del ciudadano a ser informado- se considerará grave el uso no autorizado de imágenes y datos personales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que pongan en peligro la seguridad de los agentes o las instalaciones. Es decir, se dificulta el trabajo de los medios, pero también de todo aquél que quiera documentar con un vídeo, por ejemplo, el uso de la fuerza policial en una manifestación.

Entre las infracciones leves, con una sanción de entre 100 a 600 euros, se encuentra la de “incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación” cuando provoquen alteraciones menores en su normal desarrollo. La cuestión es, ¿cómo valorar qué es una alteración menor? También lo serán las injurias o las faltas de respeto y consideración a los funcionarios de la policía en el ejercicio de sus funciones. Pero, ¿qué es lo que puede considerarse una falta de respeto? Por último, la ocupación de cualquier inmueble, vivienda, edificios ajenos o de la vía pública o la permanencia en contra de la voluntad de su propietario. La nueva redacción de este artículo amplía las posibilidades de sanción, en el caso de ocupaciones, incluso a personas que acudan a centros sociales para asistir a una actividad concreta.

Para concluir, junto a este pequeño texto, se considera también otro ejercicio necesario la lectura de este todavía proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que se facilita en este enlace de la plataforma No Somos Delito.

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ODM

En un blog como éste, considero necesario que el lector tenga, tengamos, a nuestra disposición algunos conocimientos transversales que tienen mucho que ver con los Derechos Humanos.

Uno de ellos son los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Así, son 8 los objetivos marcados para 2015:

***Erradicar la pobreza extrema y el hambre

***Lograr la enseñanza primaria universal

***Promover la igualdad de género  y la autonomía de la mujer

***Reducir la mortalidad infantil

***Mejorar la salud materna

***Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades

***Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

***Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

(Tomado de undp.org)

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Prohibido protestar

Las declaraciones de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre de 1991 y de Tokio sobre las Normas Directivas Médicas acerca de la Tortura de 1975 califican de tortura impedir el derecho a la huelga de hambre. El gobierno israelí empezó a tramitar en junio una ley que, saltándose estas convenciones y, una vez más, incumpliendo el derecho internacional, pretendía aplicar este método a los 6.200 prisioneros políticos que se encuentran encerrados en sus 17 prisiones (16 en suelo oficialmente israelí y solo una en tierra cisjordana, Ofer) que pudieran estar en huelga de hambre. Es decir, el gobierno israelí iba a intentar, por ley, alimentar a aquellos palestinos que, en el ejercicio de su derecho, decidieran utilizar la huelga de hambre como método de protesta. El objetivo era (y será) frenar una herramienta que hasta el momento ha cosechado el éxito de ubicar la situación de los palestinos en prisiones israelíes en la esfera internacional.

La aprobación de esta ley por la vía de urgencia nació a la luz de la última convocatoria masiva de huelga de hambre promovida por los presos palestinos el pasado 24 de abril y contó con un respaldo que osciló entre los 125 y los 250 encarcelados. La imprecisión en la cifra, explica el coordinador de incidencia política de la organización Addameer (Asociación de Derechos Humanos y de Apoyo a los Presos), Gavan Kelly, se debía a las dificultades de comunicación con los propios detenidos, propiciadas por dos acciones de la autoridad penitenciaria israelí. Una, el constante traslado de los presos de unas instalaciones a otras, lo cual complica tener un registro del número exacto en cada dependencia. Otra, las constantes restricciones en los permisos de visita de los abogados a los presos, los cuales deniegan arguyendo razones diversas “como la existencia de una situación de emergencia”, apunta Kelly.

El objetivo de esta convocatoria de huelga del pasado abril fue finalizar con la política de detenciones administrativas ejecutada por el gobierno israelí, que en la actualidad rebasan las 500, dentro del cómputo total de prisioneros políticos, según datos de septiembre. Las detenciones administrativas conceden a la autoridad competente el derecho de arrestar sin informar al detenido ni a la defensa del delito cometido, ofreciendo como argumento suficiente la puesta en peligro de la seguridad nacional. De esta manera, mientras que el juez y el Ministerio Fiscal tienen acceso al informe de la detención, éste se considera secreto para la defensa y el acusado. “Sin conocer los cargos que se imputan es muy complicado desmontarlos”, añade Kelly. La detención administrativa, matiza, no cuenta con un límite de tiempo. El arrestado entra en prisión, en principio, por un periodo de uno a seis meses, pero éste puede ampliarse durante años, como así sucede. En este punto conviene matizar que las detenciones administrativas son figuras legales pero de aplicación excepcional. Otros países que también la contemplan en su legislación son Irlanda y Estados Unidos, pero el porcentaje de uso es significativamente menor.

Finalmente, los presos decidieron interrumpir su huelga de hambre ese mismo mes de junio, debido, entre otras razones, a su debilidad física y la escalada de tensiones entre israelíes y palestinos (ya se fraguaba el posterior ataque a Gaza). Motivado por esta interrupción, el gobierno israelí congeló la aprobación de esta ley, seguramente a la espera de que una nueva ronda de huelgas de hambre vuelva a suceder para reactivarla. Por esta razón el asunto, como tantos otros que violan diariamente los derechos humanos de los palestinos, permanecerá latente hasta nuevo aviso. Conviene estar atento para intentar evitar que la propuesta pueda seguir adelante.

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